En una sesión extraordinaria efectuada en el Salón Benito Juárez García, el Pleno de la XXV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California aprobó diversos dictámenes que modificarán la organización administrativa y la incorporación territorial de algunos municipios. La votación estuvo marcada por ajustes técnicos y la armonización de disposiciones legales, necesarios para enviar los decretos a los ayuntamientos locales. Todo esto, por supuesto, para acomodarse justo dentro de los tiempos que exige el artículo 112 de la Constitución estatal.

Tras la aprobación, la Mesa Directiva ordenó que los expedientes se turnen a los consistorios municipales para su ratificación reglamentaria, paso previo indispensable a la publicación oficial en el Periódico Oficial del Estado. No hay mucho margen para el suspenso ni el debate profundo en esta clase de sesiones exprés, donde cumplir con los plazos parece más prioritario que generar un debate abierto o promover participación ciudadana.

Así, Baja California sigue ajustando el mapa administrativo y político sin llamar demasiado la atención, en una rutina legislativa que aunque necesaria, podría ser más transparente para sus ciudadanos. Por ahora, solo queda esperar cómo responderán los municipios convocados a ratificar estos cambios, y si en la práctica estas reformas traen los beneficios prometidos o si solo se cumplen las formalidades constitucionales.