La Fiscalía General de la República (FGR), junto con autoridades de seguridad estatal, mantiene un monitoreo constante sobre las afectaciones económicas ocasionadas por el cierre de carriles de exportación en Mexicali y aduanas cercanas. Estos bloqueos han obligado a desviar el transporte pesado hacia otras garitas en la región, saturando la infraestructura vial y generando importantes retrasos en el flujo comercial. La situación ha motivado a las autoridades federales a recopilar información sobre el estatus legal de las aduanas involucradas, además de coordinar operativos con la Guardia Nacional para resguardar los perímetros de las instalaciones internacionales, intentando mantener el orden en un contexto que claramente se complica día a día. Por su parte, el sector empresarial ha expresado su preocupación debido a las pérdidas millonarias que impactan las cadenas de suministro, cruciales para la industria manufacturera y de exportación del norte del país. Mientras tanto, las medidas y respuestas oficiales parecen estar en una carrera contra el tiempo para evitar que esta saturación se convierta en un obstáculo aún mayor para el comercio fronterizo.