Durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno, la presidencia de la República puso en relieve varias acciones dirigidas a mejorar la gestión hídrica e infraestructura energética en Baja California. Entre los aspectos más destacados están la entrega de títulos de concesión directa a los municipios de Mexicali y Tijuana, iniciativa de la Comisión Nacional del Agua diseñada para eliminar la intermediación privada en el suministro de agua. Este esquema, en teoría, busca proteger un recurso vital de la especulación y garantizar una distribución más transparente y eficiente. Además, el informe señala inversiones significativas destinadas al saneamiento de la cuenca del Río Tijuana, una medida siempre bienvenida dado el historial de contaminación en la región. También se menciona la proyección de una planta desaladora en la costa del estado, así como la instalación de paneles fotovoltaicos en comunidades de Mexicali, iniciativas que se inscriben en el programa de soberanía energética. Aunque el avance en estas áreas es notable en los discursos, habrá que esperar a que los resultados en terreno reflejen la misma efectividad sin que las exageraciones presenciales se conviertan en promesas que se quedan en papel.