En una resolución que pone en jaque la habitual indiferencia gubernamental, un juzgado federal otorgó un amparo a favor de la asociación civil Unidos por Tijuana. La sentencia ordena al XXV Ayuntamiento de Tijuana que dé una respuesta formal y fundamentada a una solicitud ciudadana relacionada con el reúso de agua residual tratada. El colectivo ciudadano solicitó la implementación de esquemas técnicos para canalizar esta agua hacia el riego de áreas verdes, glorietas y camellones urbanos, en lugar de continuar con el rutinario vertido al Océano Pacífico. Ante la falta de contestación dentro del plazo establecido, Unidos por Tijuana optó por la vía constitucional del amparo, una herramienta que utilizó para exigir transparencia y responsabilidad ambiental a un municipio que parecía hacer oídos sordos. Ahora, el gobierno municipal está obligado a presentar un informe técnico detallado que explique la factibilidad de reutilizar este recurso hídrico y las acciones que se han tomado o se piensan tomar al respecto. Esto no solo evidencia la necesidad de una gestión más eficiente y consciente del agua en una ciudad que enfrenta desafíos importantes en este rubro, sino que también muestra cómo la desidia oficial puede ser evidenciada y corregida a través de la justicia. Queda en claro que, si el Ayuntamiento no actúa por iniciativa propia, la sociedad tendrá que seguir empujando la rueda de la legalidad para garantizar un manejo sustentable del agua.