En una reciente sesión del Congreso del Estado de Chihuahua, la bancada de Morena intensificó su exigencia para que la administración estatal, encabezada por Maru Campos, firme de manera inmediata el convenio de colaboración con el Gobierno Federal. Este acuerdo es clave para garantizar la pensión universal a personas con discapacidad en el rango de 30 a 64 años. La diputada Elizabeth Guzmán subrayó que no se puede cerrar la discusión parlamentaria mientras miles de chihuahuenses continúen sin recibir el apoyo económico que constitucionalmente les corresponde.

El retraso en la firma del convenio no es un asunto menor: la oposición apuntó que esta falta de acción por parte del estado impide la aportación bipartita de recursos, lo que deja sin cobertura total a un sector vulnerable que depende de esta ayuda. En resumen, mientras tanto, las personas con discapacidad siguen esperando esa firma que se ha convertido, por decir lo menos, en un trámite eternamente pospuesto. Si acaso, queda la esperanza de que la prisa política para asuntos menos urgentes no opaque lo que debería ser una prioridad social básica.