La Coordinación de Gabinete del Gobierno de Baja California anunció un operativo especial que involucra a diversas dependencias estatales, municipales y fuerzas de seguridad para realizar un censo de la población en situación de calle asentada en la canalización del Río Tijuana. El proceso tiene como objetivo completarse en un máximo de diez días y forma parte de un programa preventivo ante los pronósticos de tormentas vinculadas al fenómeno climático conocido como El Niño.

Las autoridades pretenden identificar y registrar a las personas vulnerables con la intención de ofrecerles un traslado voluntario hacia albergues y centros de atención social. Además, buscan despejar la infraestructura pluvial principal para evitar afectaciones mayores con el inicio de la temporada de lluvias intensas. Este esfuerzo interinstitucional llega con el tiempo justo, recordándonos que las alertas meteorológicas son una de las pocas cosas que a veces mueven a las autoridades a actuar con mayor eficacia.

Si bien la iniciativa es positiva en su intención de proteger a una población altamente vulnerable, queda la duda sobre qué tanto se insiste en vías reactivas en lugar de soluciones estructurales y permanentes para el problema de la población en situación de calle. Hasta ahora, sabemos que la invitación a trasladarse a albergues será voluntaria, lo que podría limitar el impacto inmediato, pero también refleja la complejidad social detrás de estos operativos. En definitiva, un intento por evitar tragedias esta temporada que no debería ser la única motivación para atender una problemática que se arrastra desde hace años.