La organización conocida como Patrulla Espiritual enfrenta un nuevo capítulo de controversia tras la intervención y clausura temporal de uno de sus recintos en Tijuana. Esta medida fue tomada por las autoridades estatales luego de que un interno falleciera, lo que puso en alerta a las instancias gubernamentales y a la sociedad en general. Jesús Ignacio Osuna, alias 'El Chikilín' y líder del grupo, emitió un mensaje dirigido al gobierno estatal en el que aceptó que si existen irregularidades administrativas, las sedes deben ser cerradas para su revisión. Sin embargo, apeló a que no se suspenda la captación callejera de personas con adicciones que en sus discursos denominan como "tazos dorados".

El uso de esta terminología peculiar para referirse a personas vulnerables vuelve a abrir el debate sobre los métodos de internamiento involuntario que practica la organización, cuestionados tanto por su eficacia como por la ética. La petición de preservar la captación parece más un reclamo para mantener sus dinámicas de control social que una auténtica llamada a mejorar sus procedimientos. En un contexto donde la seguridad y la protección de los derechos humanos deberían ser prioridad, resulta preocupante que una agrupación con antecedentes problemáticos intente continuar operando bajo sus propias reglas y lenguaje, que distan de un trato digno hacia quienes pretenden ayudar.