El órgano electoral de Baja California aplicó una sanción económica de 23 mil pesos al partido Morena, luego de un procedimiento promovido por partidos de oposición que detectaron irregularidades en la afiliación partidista dentro de instalaciones públicas del programa Bienestar. La multa responde al uso indebido de espacios públicos para llevar a cabo actividades partidistas, una práctica que pone en entredicho la imparcialidad y la legalidad de dichos procesos. Representantes de partidos como PRI y PAN no tardaron en criticar lo que describen como una sanción irrisoria, insuficiente para corregir o desalentar esta clase de faltas. Por su parte, la defensa jurídica de Morena anunció que recurrirá la decisión ante tribunales electorales, buscando anular la multa impuesta. Esta reacción refleja, al menos, la importancia política que tiene la afiliación masiva —y aparentemente acelerada— de nuevos miembros, aun cuando implique el uso cuestionable de recursos y espacios públicos. Así, el episodio deja un sabor a tibieza en el sistema de fiscalización electoral, donde multas bajas y recursos legales parecen ser parte del paisaje habitual.